Nuevo promotor de justicia del Vaticano
La Santa Sede informó este viernes 23 de septiembre en un comunicado que el Papa Francisco aceptó la renuncia del profesor Gian Piero Milano como promotor de justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano y nombró como sucesor a Alessandro Diddi, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Calabria.
Asimismo, nombró promotor de justicia adjunto a Settimio Carmignani Caridi, profesor de Derecho Canónico y Eclesiástico en la Universidad de estudios de Roma Tor Vergata, y profesor de Derecho Vaticano en la Scuola di Diritto Vaticano de la LUMSA.
Milano ejerció el cargo de promotor de justicia desde octubre de 2013, y durante su encargo dirigió las investigaciones que llevaron a los dos juicios de “Vatileaks” y el enjuiciamiento de un sacerdote y ex diplomático de la Santa Sede por posesión y distribución de pornografía infantil, entre otros casos.
Alessandro Diddi era el fiscal adjunto desde 2015 y es el investigador principal del juicio financiero que involucra al Cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas; ellos están indiciados por la compra opaca de un edificio en Londres, que finalmente se vendió en 186 millones de libras.
Según las investigaciones, esa operación se gestó a través de un fondo de inversión, manejado por el controversial banquero italiano Raffaele Mincione, otro de los acusados, por más de 300 millones de euros, cuando Becciu era el Sustituto de la Secretaría de Estado, cargo que opera en la práctica como el de jefe de gabinete del Papa.
Con el nuevo promotor de justicia es posible que cambie la situación procesal de Becciu.
Antecedentes
En septiembre de 2020, el Cardenal Becciu renunció al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a sus derechos como miembro del Colegio de Cardenales.
Meses después, en julio de 2021 comenzó el juicio contra el purpurado y otros nueve acusados; se le acusa de haber empleado 300 millones de dólares entre 2014 y 2018, procedentes de la Secretaría de Estado, para comprar un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres al empresario italiano Raffaele Mincione, y para financiarlo Becciu se habría dirigido también al IOR para solicitar un préstamo de 150 millones de euros sin ofrecer una justificación.
Por otro lado, además de esa inversión, en 2015 Becciu empleó otros 200 millones de dólares para financiar la compra de dicho inmueble londinense, y parte de esos 200 millones se habrían obtenido por medio de un crédito concedido por la BSI, un banco suizo con una extensa trayectoria de violación de las legislaciones contra el blanqueo de dinero.
Además, supuestamente, Becciu habría entregado al financiero Enrico Crasso, antiguo directivo del Credit Suisse, el control de millones de euros de fondos de inversión del Vaticano de la Secretaría de Estado y del fondo de caridad del Óbolo de San Pedro.
Y de paso habría tratado de disfrazar préstamos en los balances del Vaticano cancelándolos contra el valor de la propiedad comprada en el barrio londinense de Chelsea, una maniobra contable prohibida por las nuevas políticas financieras aprobadas por el Papa Francisco en 2014.
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