Continua el juicio contra el cardenal Becciu
- Audiencia número trece en la sala polivalente de los Museos Vaticanos. para esclarecer irregularidades en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado.
Este miércoles 27 de abril se celebró en Roma la audiencia número 13 del juicio contra el “eminentísimo” Cardenal Angelo Becciu, por la compra de un edificio en Londres por parte del Vaticano en 2014, para su transformación en apartamentos de lujo.
Becciu, que entonces era el Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, se habría supuestamente valido de su cargo para obtener 300 millones de euros en préstamos del Instituto de Obras de Religión (IOR) y un fondo suizo de dudosa reputación para financiar la operación inmobiliaria.
El fracaso de la operación financiera supuso un grave perjuicio en las arcas vaticanas.
Junto con el Cardenal están siendo juzgados el empresario Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Enrico Carasso, Cecilia Marogna, René Brülhart, Mons. Mauro Carlino, Tommaso di Ruzza, Nicola Squillace y Fabrizio Tirabassi.
En la sesión reciente declaró Tommasso Di Ruzza, el cuarto acusado que responde a las preguntas de la fiscalíay quien fuera director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano entre 2016 y 2021, quien explicó la gestión de fondos que llevó a cabo la Secretaría de Estado del Vaticano durante el tiempo que el Cardenal Becciu fue su Secretario Sustituto.
Di Ruzza, está acusado de abuso de poder por no bloquear un pago de 15 millones al broker Gianlugi Torzi y por no haber avisado de un acuerdo sospechoso.
Di Ruzza, dice Vatican News leyó una declaración espontánea de dieciocho páginas, en la que sólo confirmó parcialmente los interrogatorios del 23 y 26 de marzo de 2020.
En respuesta a las preguntas del Promotor de Justicia Adjunto, Gianluca Perone, declaró que nunca estuvo vinculado a Torzi y que sus únicos interlocutores fueron el papa Francisco, el secretario de Estado, Pietro Parolin, y su número dos, el venezolano Edgar Peña Parra. También el presidente del IOR, Jean-Baptiste Douville de Franssu.
Precisó que el IOR puede conceder préstamos, aunque no como una entidad de crédito; es decir, no es un banco que recauda fondos públicos y tampoco está abierto al exterior, ya que no tiene sucursales fuera del Vaticano.
El IOR está autorizado a conceder préstamos desde 2015, pero son prestamos se trata de créditos que debe hacerse con garantía..
Se trataba de pagar el préstamo contraído para financiar la compra del edificio en Londres, por un importe de 150 millones, mientras que lo que se pedía al IOR era una subrogación de préstamo, con un tipo de interés del 1/2 por ciento anual.
Por otra parte, se preguntó a Di Ruzza si había considerado denunciar las operaciones, a lo que contestó que esa decisión correspondía a la Secretaría de Estado.
Apuntó que ante esta situación existían dos opciones: denunciar el riesgo de una sentencia desfavorable en los tribunales de Londres y, por otro lado, reestructurar la inversión, aunque ello supondría pagar por una propiedad que ya poseía la Santa Sede.
Di Ruzza explicó que todas las decisiones eran tomadas directamente por la Secretaría de Estado y que la Autoridad de Inteligencia Financiera se limitaba a dar apoyo, verificando la viabilidad.
Sin embargo, nunca hubo una denuncia porque no había perfiles que pusieran de manifiesto una supuesta “actividad de transacción sospechosa”.
“Siempre actué en el exclusivo interés de la Santa Sede, en línea con el mandato que me confirió y en los límites de las informaciones disponibles”, ha sostenido en su declaración, argumentando que no tenía la autoridad para bloquear el pago ni suficientes evidencias para alertar sobre el posible fraude.
Becciu testificará los próximos 5 y 18 de mayo y en esa ocasión podrá aclarar el papel de otra imputada, la asesora Cecilia Marogna, que presuntamente gastó grandes sumas de dinero vaticano a cambio de presuntas labores de inteligencia y diplomáticas.
Francisco ha eximido al cardenal de la obligación de respetar el “secreto pontificio” que vela determinados temas sensibles de la Santa Sede. Días antes ,el 17 de marzo, Becciu, rechazó declarar sobre la contratación de Marogna escudándose en el “secreto pontificio”. Para cerciorarse de ello, Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal de la Ciudad Del Vaticano escribió a la Secretaría y obtuvo la respuesta de su máximo exponente, el secretario Pietro Parolin, quien tras consultar al pontífice, explicó, eximió oficialmente a Becciu de mantener ese secreto papal.
La audiencia del 5 de mayo “seguramente será sólo el principio”, dijo Pignatone, fijando otra audiencia para el día 18 para continuar la vista del Cardenal. Fabrizio Tirabassi será escuchado el día 19. Si su interrogatorio y el de Becciu están incompletos, serán escuchados de nuevo el 20 de mayo, de lo contrario será el turno de Crasso. Se han programado otras audiencias para los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio. (Vatican News).
Antecedentes
En septiembre de 2020, el Cardenal Becciu renunció al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a sus derechos como miembro del Colegio de Cardenales.
Meses después, en julio de 2021 comenzó el juicio en el Vaticano contra el purpurado y otros nueve acusados; se le acusa de haber empleado 300 millones de dólares entre 2014 y 2018, procedentes de la Secretaría de Estado, para comprar un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres al empresario italiano Raffaele Mincione, y para financiarlo Becciu se habría dirigido también al IOR para solicitar un préstamo de 150 millones de euros sin ofrecer una justificación.
Por otro lado, además de esa inversión, en 2015 Becciu empleó otros 200 millones de dólares para financiar la compra de dicho inmueble londinense, y parte de esos 200 millones se habrían obtenido por medio de un crédito concedido por la BSI, un banco suizo con una extensa trayectoria de violación de las legislaciones contra el blanqueo de dinero.
Además, supuestamente, Becciu habría entregado al financiero Enrico Crasso, antiguo directivo del Credit Suisse, el control de millones de euros de fondos de inversión del Vaticano de la Secretaría de Estado y del fondo de caridad del Óbolo de San Pedro.
Y de paso habría tratado de disfrazar préstamos en los balances del Vaticano cancelándolos contra el valor de la propiedad comprada en el barrio londinense de Chelsea, una maniobra contable prohibida por las nuevas políticas financieras aprobadas por el Papa Francisco en 2014.
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