El 22 de julio pasado, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, confirmó su voluntad de restablecer la pena de muerte, uno de los puntos fuertes de su mandato.

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“Solicito respetuosamente al Congreso que restablezca la pena de muerte para crímenes atroces relacionados con drogas y saqueo de fondos públicos”, apuntó el mandatario en su discurso anual sobre el estado de la nación en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado que inaugura el curso parlamentario.

“Las drogas no serán aniquiladas a menos que logremos eliminar la corrupción, que permite que ese monstruo social sobreviva”, advirtió Duterte, quien llegó a la mitad de su mandato con un apoyo de 85 de la población.

Reimplantar la pena de muerte, abolida en ese país en 2006, fue una de las promesas electorales del presidente. Un proyecto de ley al respecto pasó en la Cámara de Representantes, pero se trabó en el Senado, la cámara legislativa que es tradicionalmente más independiente.

Sin embargo, con el nuevo Senado que salió de las elecciones de mayo, en las que los fieles a Duterte barrieron a la oposición, se espera que su agenda legislativa salga adelante sin obstáculos los tres años que le quedan al frente del país.

En este contexto, los obispos católicos filipinos pidieron al Congreso que evalúe cuidadosamente esta propuesta para verificar si realmente sirve para abordar el flagelo del narcotráfico y reducir la delincuencia.

Rodolfo Diamante, director ejecutivo de la Comisión Episcopal para el Cuidado Pastoral de las Prisiones, exigió a los parlamentarios que no den a los filipinos una “falsa ilusión” ni una “solución simplista a los problemas”.

“Han sido elegidos por el pueblo para trabajar por su bienestar, no el del presidente. No le den a nuestra gente una ilusión y una solución rápida a nuestros problemas. Se merecen algo mejor”, puntualizó.

La pena de muerte fue abolida en Filipinas bajo la constitución de 1987. En la década de 1990, la política sufrió diversos periodos de moratoria y reincorporación, hasta que fue abolida nuevamente bajo la presidencia de Gloria Macapagal-Arroyo en 2006.

La última vez que la legislación sobre la pena de muerte fue considerada por el Congreso, en el 2017, enfrentó una fuerte oposición de los parlamentarios.

Filipinas es una nación mayoritariamente católica. Aproximadamente 86 por ciento de los 104.9 millones de habitantes se identifican como católicos.

Permitir la pena de muerte en un sistema democrático es tanto como retroceder en la historia.

Los mexicanos creemos que la vida es santa hasta para el peor criminal.

La pena de muerte en el mundo

Según la web https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/derechos-humanos/pena-de-muerte/la-pena-de-muerte-en-el-mundo-mapa-interactivo/
actualizada a octubre de 2018… más de dos terceras partes de los países del mundo han abolido la pena de muerte de iure o de facto; 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, siete la han abolido para los delitos de derecho común y 29 mantienen una moratoria sobre las ejecuciones, lo que suma 144 Estados en total; sin embargo, se sigue aplicando la pena de muerte en 55 Estados y territorios.

¿Quiénes aplican la pena de muerte hoy?

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahamas, Bangladés, Barbados, Baréin, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Catar, Chad, China, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen, Zimbabue.

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