Los obispos mexicanos presentaron en la Cámara de Diputados la agenda de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos, en la que se destaca acompañar a los grupos vulnerables de la sociedad: mujeres violentadas, indigentes, damnificados, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos. Además, de impulsar la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario.

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Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), recordó ante autoridades federales, estatales y legisladores la conferencia internacional del Papa Francisco “Los derechos humanos en el mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones”:

“En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. […]. Cada uno está llamado a contribuir con coraje y determinación, en la especificidad de su papel, a respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las invisibles: de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos (cfr Mt 25,35-36), que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados”.

Indicó que “muchas de estas realidades globales descritas por el Papa que vulneran los derechos humanos, las han constatado en sus comunidades los obispos y sacerdotes de México y las contemplan como heridas que requieren ser sanadas”.

El secretario general de la CEM informó que la Iglesia Católica tiene 20 centros de promoción y defensa de los derechos humanos, que operan en los estados de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo y que son parte de las 2 mil 466 obras sociales que se tienen.

Detalló que los compromisos pastorales de la Iglesia en México son generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país; dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz; apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el Estado de derecho en nuestro país.

Además, acompañar y defender los derechos e integrar a los migrantes que transiten o deseen permanecer con la Iglesia; así como promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la Iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad.

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Miranda Guardiola consideró como un desafío “continuar con el amplio proyecto de Reforma de Ley de Libertad Religiosa, que privilegie el derecho fundamental que tiene todo ser humano a ejercer plenamente su fe”.

El obispo auxiliar participó en la exposición del documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, producido por el Centro Católico Multimedial.