Este sábado 16 de febrero se dio apertura del año Judicial del Tribunal con una ceremonia en la que el Promotor de Justicia, Gian Piero Milano, presentó la memoria de actividades de los tribunales vaticanos correspondiente al ejercicio del año 2018.

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En su informe, Milano recordó en primer lugar las raíces y la génesis del Sistema Vaticano -90 años después de la constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano- creado para garantizar la independencia y la soberanía de la Santa Sede, y por lo tanto su evolución de conformidad con el derecho internacional general y el pacto.

Mención aparte de las leyes del Papa Francisco y sus efectos en la actividad judicial, con especial referencia a los crímenes contra menores, contra la humanidad, contra la seguridad del Estado -con la nueva figura del delito de “difusión de noticias y documentos”- y las normas sobre cooperación internacional y asistencia judicial recíproca en las que se constata el completo “reducción de las actitudes de cierre”.

En el Informe del profesor Milano se hizo especial referencia a la coherencia con las normas internacionales sobre reciclaje de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo.

Cooperación y control

Para subrayar la eficacia de esta cooperación, hay que recordar que el año pasado se recibieron seis solicitudes de cooperación internacional por parte de otras tantas autoridades extranjeras, una de ellas de un país no perteneciente a la Unión Europea -una cifra significativa si tenemos en cuenta que el número total de solicitudes activas de cooperación realizadas por el Vaticano entre 2012 y 2018 alcanzó un total de 10 solicitudes- y que la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) ha enviado a la Oficina del Promotor siete informes de transacciones sospechosas en el ámbito del reciclaje de capitales, el fraude y la evasión fiscal.

Por otra parte, señala el promotor, nuevamente en 2018, sólo se recibió una solicitud de comisiones rogatorias de autoridades extranjeras, cifra que se interpreta como “sintomática de la eficacia de las acciones emprendidas entre los distintos actores del sistema interno de lucha contra el reciclaje de capitales para reducir en la medida de lo posible cualquier espacio de operaciones de la delincuencia financiera internacional.

El promotor citó dos leyes emitidas en 2018, una sobre abuso de mercado y otra sobre prevención de activos, mientras que entre las sugerencias para nuevos cambios regulatorios, el Promotor destaca algunas lagunas en ciertos asuntos, por ejemplo, la impunidad de la usura, una laguna, escribe “que desde la perspectiva de la represión penal, afecta significativamente el funcionamiento efectivo de los instrumentos de cooperación internacional anclados en el principio de la doble incriminación”.

Los datos duros

Durante 2018, se realizaron 75 detenciones, 86 denuncias de robo, 15 denuncias de fraude relacionadas con el Estado de la Ciudad del Vaticano, 97 denuncias por daños y perjuicios. Además, 8 mil 92 personas (empresas, empleados de la Santa Sede y del Estado, peatones, etc.) y 3 mil 753 vehículos (personas que tienen derecho o razón para entrar) fueron registrados dentro y fuera del Estado Vaticano.

Se realizaron un total de 11 mil 845 controles, incluidos los relativos a la legislación sobre transparencia en el transporte de efectivo.

Por último, en la segunda parte del Informe se destacan los datos relativos a las actividades realizadas por la Gendarmería y la Policía Judicial -en sinergia con la Oficina del Promotor de Justicia de la Corte, con la AIF y en la sede de Co.Si.Fi.- tanto en el ámbito del blanqueo de dinero y los delitos informáticos, como el bloqueo de sitios web difamatorios o el cierre de cuentas de correo electrónico por delitos de fraude o robo de identidades virtuales.

Durante su último discurso como promotor, Gian Piero Milano, realizó propuestas, entre las que destacan dos destinadas a ampliar los medios para contrastar los delitos económicos y financieros: la posibilidad de secuestro del patrimonio derivado de un delito, y el delito de usura, que en la actualidad no se encuentra recogido en el Código Penal Vaticano.

Para el Promotor de Justicia, el camino del estado vaticano es el de establecer una autonomía con respecto a la normativa italiana para poder avanzar hacia la uniformidad con las normas internacionales, respetando, no obstante, el profundo sentido de justicia en la peculiaridad del Estado Vaticano.

En opinión de Milano, se trata de una cuestión difícil de afrontar porque “en la actualidad, una parte importante de nuestro derecho penal, sobre todo en materia financiera, así como las estructuras que desempeñan competencias en este ámbito, no es únicamente de origen internacional”.

Por el contrario, el Derecho Penal Vaticano, dijo, “debe operar de acuerdo a los parámetros e índices de efectividad deliberados entre instituciones a nivel global, formados en ámbitos que son, por finalidad y principios inspiradores, diferentes de aquellos en los que se inspira el ordenamiento vaticano”.

“A pesar de las asimetrías que de ello se derivan”, continuó  “sigue siendo una precisa opción a la cual recurre con frecuencia el Papa Francisco y que se ha expresado desde las primeras intervenciones de su magisterio”.

Eso contrasta “con la actividad criminal que amenazan la dignidad humana, el bien común y la paz”.

Asimismo, señaló la necesidad de un nuevo derecho procesal con un espacio más amplio para el debate con relación a la investigación.

Gian Piero Milano dejó el cargo de Promotor de Justicia, fue sustituido por Roberto Zannotti, quien era Promotor de Justicia Adjunto.

Enhorabuena…

Roberto Zannotti, nuevo Promotor de Justicia del Tribunal del Vaticano

El Papa Francisco realizó este sábado 16 de febrero una serie de nombramientos para el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Roberto Zannotti era, hasta el momento  Promotor de Justicia Adjunto. Ahora será el titular. Sustituyó en el cargo a Gian Piero Milano, una vez que éste presentó la memoria de actividades de los tribunales vaticanos correspondiente al ejercicio del año 2018.

En segundo lugar, nombró como Juez del Tribunal a Carlo Bonzano, quien hasta ahora había sido Juez Adjunto de dicho Tribunal.

Por último, el Santo Padre nombró Consultor de la estructura prevista en el Ordenamiento Judicial en el Estado de la Ciudad del Vaticano en materia económica, tributaria y fiscal a Saverio Capolupo, Comandante General de la Guardia de Finanzas de la República Italiana.

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