Gian Piero Milano, Promotor de Justicia del Tribunal (fiscal)
Gian Piero Milano, Promotor de Justicia del Tribunal (fiscal)

Este martes 1 de octubre, fiscales del Vaticano incautaron documentos y dispositivos electrónicos en el allanamiento realizado en oficinas de la Secretaría de Estado.

El Vaticano informó sobre esta operación ordenada por el promotor de Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, y por su adjunto, Alessandro Diddi.

En el escueto comunicado no se especifica la razón de las denuncias que han propiciado la investigación ni la información que se busca.

El comunicado

Esta mañana en algunas oficinas de la Primera Sección de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera del Estado se ha llevado a cabo una requisición de documentos y equipos electrónicos.

La operación, autorizada por decreto del Promotor de Justicia del Tribunal, Gian Piero Milano, y del adjunto, Alessandro Diddi, y de la que estaban debidamente informados los superiores, está vinculada a las denuncias presentadas a principios del verano pasado por el Instituto de Obras Religiosas (IOR, conocido como Banco Vaticano) y por el Auditor General, relativas a operaciones financieras realizadas en el tiempo.

Suspendidos

De acuerdo con la revista italiana L’espresso, cinco funcionarios fueron aparentemente suspendidos; entre ellos monseñor Mauro Carlino, que supervisa la documentación en la Secretaría de Estado, junto con el laico Tomasso Di Ruzza, director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano.

Otros dos hombres y una mujer también figuran en la lista.

La información de la revista tiene como fuente un memorando interno fechado el 2 de octubre, según el cual monseñor Carlino continuará viviendo en la Casa Santa Marta, la residencia en la que también vive el Papa Francisco, y que los empleados suspendidos pueden ingresar al Vaticano para acceder a los servicios de salud o si es que un magistrado de la Santa Sede lo permite.

La Autoridad de Inteligencia Financiera de la Santa Sede supervisa las transacciones financieras sospechosas y se encarga de garantizar que las políticas bancarias del Vaticano cumplan con los estándares financieros internacionales.

El Papa Francisco aprobó nuevos documentos de gobierno para el IOR el verano pasado, haciendo la transición del banco de su práctica de usar auditores internos al uso de un auditor externo para revisar las finanzas y transacciones.

Desde que inició su pontificado la trasparencia en el IOR es una de sus prioridades.

El IOR hizo público el pasado 11 de junio el informe anual correspondiente al año 2018.

VEA EL INFORME: IOR: Comunicado de prensa sobre el balance de 2018

Fue la séptima vez que el instituto hace públicos estos datos, lo cual responde a una política de mayor transparencia y control, ordenado por el Papa Francisco.

El informe fue sometido a una detallada revisión contable de la empresa Deloitte & Touche, y fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Supervisión del Instituto.

El informe anual 2018 señala que el IOR sirvió a 14 mil 953 clientes por valor de 5 mil millones de euros en recursos financieros, de los cuales 3 mil 200 millones corresponden a la gestión y custodia de ahorros.

Se obtuvo un resultado neto correspondiente a 17 millones 500 mil euros, a pesar de las fuertes turbulencias de los mercados en el pasado año y la persistencia de tasas de interés todavía demasiado bajos.

El IOR

Fue conocido durante mucho tiempo como el Banco del Vaticano, aunque también se le denominó el Banco del Papa o el Banco de Dios. Tiene su sede en la Ciudad del Vaticano y fue fundado por Pío XII en 1942.

Su objetivo es servir a la Santa Sede y a la Iglesia Católica en el mundo entero, como establece su estatuto; por lo tanto, no tiene fines de lucro.

El IOR protege el patrimonio de un grupo claramente definido de personas físicas y jurídicas con afiliación a la Iglesia Católica, como lo define el derecho canónico.

Cuenta con 114 empleados y tiene su sede exclusivamente en el territorio soberano del Vaticano.

Actualmente administra fondos por miles de millones de euros y cuenta con miles de usuarios, de los cuales una gran parte son instituciones católicas, que tienen la titularidad de más de 85 por ciento de los fondos administrados.

La mayoría de los titulares de depósitos son italianos, polacos, franceses, españoles y alemanes.

Tuvo un pasado oscuro, sobre todo a principios de la década de los 80, cuando se vio involucrado en el escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano de Roberto Calvi, encontrado ahorcado bajo un puente de Londres en 1982.

Juan Pablo II decidió reformar la institución financiera para dotarlo de una mayor transparencia y rigor en su gestión y el arzobispo estadunidense Paul Casimir Marcinkus, que presidió el IOR desde 1972 hasta su retirada en 1989, fue destituido.

Se supo que mantuvo contactos con los banqueros italianos Michele Sindona (asesor financiero de Pablo VI) y Roberto Calvi, cuyas aventuras financieras internacionales culminaron con la quiebra de sus bancos, en especial El Ambrosiano de Milán.

El fraude dejó un agujero de mil 400 millones de dólares de entonces y muchos muertos.

Marcinkus aparece reflejado en el filme El Padrino III.

El colapso del Banco Ambrosiano fue el peor escándalo que sacudió a la Iglesia Católica bajo Juan Pablo II, que implicó alegatos de vínculos sospechosos con la mafia italiana y la oscura logia masónica P-2 (Propaganda dos).

Hace unos meses la oficina de prensa de la Santa Sede tuvo que desmentir que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y otros presidentes y ex mandatarios latinoamericanos tuvieran cuentas bancarias secretas con dinero oculto en el IOR.

Por medio de un comunicado del director interino de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, difundido el viernes 11 de enero, el Vaticano negó la veracidad de la información del periódico colombiano El Expediente, que afirmó que además del expresidente Santos, también tendrían dinero oculto Cristina Fernández, Luiz Inacio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

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Según el periódico, existió una operación de lavado de dinero de líderes latinoamericanos que denomina “Ruta del dinero K” y que habría sido puesta en marcha por la expresidenta de Argentina Cristina Fernández “de la mano de su paisano, el Papa Jorge Mario Bergoglio”.

Incluso el medio dijo que Juan Manuel Santos figura como titular de la cuenta 001-3-16764 con un saldo de 390 millones de dólares, asociados a Inc Global Tuition & Education Insurance Corporation, la misma firma que apareció en el informe conocido como “papeles del paraíso”, que señalaba dineros ocultos en Barbados.

Alessandro Gisotti señaló en el comunicado que “luego de verificar con las autoridades competentes, puedo afirmar que ninguna de las personas mencionadas en el artículo de El Expediente ha tenido jamás una cuenta bancaria en el IOR, ni la tiene actualmente, ni tiene firma de delegación en cuentas a terceros, ni tendría –bajo las bases de las nuevas normas adoptadas por el instituto– algún título para acceder a alguna operación en él. Los documentos presentados como prueba son falsos. El IOR se reserva la facultad de emprender acciones legales”.

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Los funcionarios investigados son empleados de la Secretaría del Estado, a cargo del cardenal Pietro Parolin.

Es la oficina central del gobierno de la Iglesia Católica y el departamento de la Curia Romana que trabaja con mayor cercanía con el Papa; es responsable también del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Daremos seguimiento al caso…

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