Del 3 al 4 de junio de 2019, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales organizó en la Casina Pío IV del Vaticano la Cumbre de Jueces Panamericanos sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. En esta asamblea participaron alrededor de 50 jueces de las tres Américas de cuyas competencias forma parte la implementación efectiva de los derechos sociales económicos y culturales (DESCS).

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La cumbre es la continuación de la Primera Conferencia sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se llevó a cabo el 4 de junio de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que participaron más de 300 magistrados y funcionarios judiciales para discutir la inspiración jurídica arraigada en los documentos fundamentales del magisterio del Papa Francisco.

El encuentro, fue encabezado por el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo –de la Pontificia Academia de las Ciencias–, y se centró en cómo la justicia y los jueces pueden ayudar a reorganizar la vida social y económica en los países de América y el resto del mundo.

Participaron alrededor de 50 jueces de Estados Unidos, Brasil, México, Paraguay, Colombia y demás países de América, así como de Argentina, país con contó con la delegación más numerosa, encabezada por el ex juez de la Corte Suprema, y amigo del Papa, Raúl Eugenio Zaffaroni.

Con Zaffaroni, iban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca; el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti; el camarista general Guillermo Treacy; el juez de cámara Carlos Balbín y la jueza de cámara Fabiana Schafrik; el juez de la Cámara del Trabajo Roberto Carlos Pompa y la jueza Elena Liberatori.

“Cada sentencia es un acto político. El derecho es lucha, y tenemos que ser partisanos y políticos. Cada sentencia nuestra es un acto político. Porque es un acto de gobierno de la polis. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales; imparciales individualmente no podemos ser”, planteó Zaffaroni.

Agregó: “No podemos ser ni apartidarios ni aideológicos (sic), porque no hay ningún ser humano que sea así, y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Asumamos nuestra responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando”.
En el tercer y último bloque, llegó al Papa Francisco a la sala.

En sus primeras palabras destacó el rol de los magistrados y su labor “constante a que el derecho de las personas, sobre todo el de las más vulnerables, sean respetados y garantizados.

“Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare (léase como Guerra jurídica), además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos”.

Me preocupa, subrayó el Papa, una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”.

Por otro lado, también advirtió al periodismo y al uso del off the record, pues “además de poner en muy serio riesgo la democracia, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.

Para finalizar, pidió “garantizar la calidad institucional de los Estados” y añadió que “es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.

Francisco firmó luego la declaración final de la cumbre, así como el acta de creación del Comité Permanente Panamericano de Jueces por los derechos sociales.

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