Mediante una nota publicada en la página web de la Diócesis de Boston, EU, fechada el 24 de julio, el cardenal Sean Patrick O’Malley, arzobispo de la localidad y presidente de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, comenta sobre la situación eclesial tras el escándalo del cardenal Theodore McCarrick, a quien se le ha acusado en los medios de “mala conducta sexual con varios adultos” y de “violaciones criminales de abuso sexual de menores”.

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Acciones que, como comenta el cardenal O’Malley, “son moralmente inaceptables e incompatibles con el papel de un sacerdote, obispo o cardenal”.

O’Malley expresa a través de la nota su profunda preocupación ante los informes que “han traumatizado a muchos católicos y miembros de la comunidad en general”, asegurando que se necesitan “protocolos transparentes y consistentes” para proporcionar justicia a las víctimas y para responder adecuadamente a la indignación legítima de la comunidad.

Aquí el comunicado del cardenal:

“Durante los últimos días, artículos en los medios de comunicación nacionales han reportado acusaciones de mala conducta sexual del cardenal Theodore McCarrick con varios adultos y de sus violaciones criminales de abuso sexual de menores. Estas supuestas acciones, cuando son cometidas por cualquier persona, son moralmente inaceptables e incompatibles con el papel de un sacerdote, obispo o cardenal.

Estoy profundamente preocupado por estos informes que han traumatizado a muchos católicos y miembros de la comunidad en general. En un caso que involucra a un menor, la arquidiócesis de Nueva York, después de una investigación, ha encontrado que la acusación es creíble y fundamentada. Mientras que otra acusación relacionada con un menor está todavía por investigarse, los informes son devastadores para las víctimas, sus familias y para la Iglesia misma. Cada nuevo informe de abuso clerical en cualquier nivel crea dudas en la mente de muchos de que estemos abordando efectivamente esta catástrofe en la Iglesia.

Estos casos y otros requieren más que disculpas.

Ellos plantean el hecho de que cuando se presentan cargos contra un obispo o un cardenal, aún existe una brecha importante en las políticas de la Iglesia sobre conducta sexual y abuso sexual. Si bien la Iglesia en Estados Unidos ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto al abuso sexual de menores por parte de sacerdotes, debemos tener procedimientos más claros para los casos que involucren obispos. Se necesitan protocolos transparentes y consistentes para proporcionar justicia a las víctimas y para responder adecuadamente a la indignación legítima de la comunidad.

La Iglesia necesita una política fuerte e integral para abordar las violaciones de los obispos de los votos de celibato en casos de abuso criminal de menores y en casos que involucran a adultos.

Mi experiencia en varias diócesis y mi trabajo con los miembros de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores me ha llevado a esta conclusión.

La Iglesia necesita tomar medidas rápidas y decisivas con respecto a estos asuntos de importancia crítica. En cada caso de reclamos hechos por víctimas de abuso sexual ya sean violaciones criminales o abuso de poder, la principal preocupación debe ser por la víctima, por su familia y por sus seres queridos.

Las víctimas deben ser elogiadas por sacar a la luz su trágica experiencia y deben ser tratadas con respeto y dignidad. Los recientes informes de medios de comunicación también hacen referencia a una carta que me envió el reverendo. Boniface Ramsey, en junio de 2015, que no recibí personalmente.

De acuerdo con la práctica en asuntos relacionados con la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, a nivel personal se revisó la carta y se determinó que los asuntos presentados no estaban bajo el control de la Comisión o la arquidiócesis de Boston, lo cual se compartió con el P. Ramsey en respuesta.

Estas acusaciones son comprensiblemente una fuente de gran decepción e ira para muchos. Estos casos, que involucran a un cardenal, deben considerarse a la luz de las últimas dos décadas de la experiencia de la Iglesia con el abuso sexual clerical.

Estoy convencido de que se requieren tres acciones específicas en este momento.

Primero, una adjudicación justa y rápida de estas acusaciones; segundo, una evaluación de la adecuación de nuestros estándares y políticas en la Iglesia en todos los niveles, y especialmente en el caso de los obispos; y tercero, comunicar con mayor claridad a los fieles católicos y a todas las víctimas el proceso para denunciar las acusaciones contra obispos y cardenales.

Si se falla en tomar estas medidas, se amenazará y pondrá en peligro la ya debilitada autoridad moral de la Iglesia y se puede destruir la confianza requerida para que la Iglesia ministre a los católicos y tenga un papel significativo en la sociedad civil en general.

En este momento no hay mayor imperativo para la Iglesia que responsabilizarse por estos asuntos, los cuales presentaré con gran urgencia y preocupación en mis próximas reuniones con la Santa Sede.

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