Son Joseph Murphy, Héctor Franceschi, Bruno Esposito y Robert Leżohupski, respectivamente.
La sala de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró como nuevo jefe de protocolo de la Secretaría de Estado al irlandés Joseph Murphy, así como al sacerdote venezolano Héctor Franceschi y a los presbíteros Bruno Esposito y Robert Leżohupski como jueces del Tribunal Eclesiástico del Vicariato de la Ciudad del Vaticano.
Joseph Murphy nació en 1968 en Irlanda. Es licenciado en Teología, fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1993 y comenzó su servicio administrativo en la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado el primero de octubre de 1997. Fue transferido a Relaciones con los Estados el 15 de septiembre de 2006. Se le nombró asistente espiritual de la Associazione Santi Pietro e Paolo el 15 de enero de 2008. Habla irlandés, inglés, francés e italiano.
Los jueces del Tribunal Eclesiástico del Vicariato de la Ciudad del Vaticano son el sacerdote Héctor Franceschi, venezolano, catedrático de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y juez externo en el Tribunal de primera instancia en el Vicariato de Roma; el presbítero Bruno Esposito, catedrático de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Santo Tomás y referendario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica; y el presbítero Robert Leżohupski, oficial de la Penitenciaría Apostólica.
Funcionamiento de la justicia vaticana
En el Vaticano, hay dos grandes tipos de tribunales: los religiosos y los civiles o penales. Los primeros, como su nombre lo indica, se ocupan de asuntos religiosos, aunque afecten a la vida cotidiana, como la anulación de un matrimonio, la excomunión de un fiel, la prohibición de celebrar sacramentos a un sacerdote indigno o la regulación de los bienes de una congregación religiosa.
Todos estos asuntos de índole religiosa o que competen a personas físicas o jurídicas eclesiásticas pasan o bien por el Tribunal de la Rota (los asuntos matrimoniales) o por el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. Los casos civiles, penales y criminales se adjudican a los tribunales civiles de la Santa Sede correspondientes.
A pesar de contar con menos de mil habitantes, el Estado del Vaticano tiene el mayor índice de criminalidad del mundo, pero en su mayoría son delitos menores, como robos en los museos y denuncias contra carteristas. A esos delitos se han añadido recientemente los de carácter financiero y económico.
Según los Pactos Lateranenses, firmados por Italia y la Santa Sede en 1929, El Vaticano puede remitir al Estado italiano los delitos cometidos en la Plaza de San Pedro. Ésa fue, por ejemplo, la decisión tomada por la Santa Sede en el caso del atentado de Ali Agca contra Juan Pablo II en 1982.
Los pactos también prevén que El Vaticano pueda entregar a la justicia italiana a los que hayan cometido delitos en el interior de la ciudad y es lo que suele hacer, entre otras cosas porque no tiene cárceles.
Cuatro niveles
La Justicia civil vaticana tiene cuatro niveles: el juez único (instructor), el Tribunal del Vaticano (integrado por tres miembros), cuya sentencia puede ser revisada en tercera instancia por el Tribunal de Apelación (formado exclusivamente por eclesiásticos), y la última instancia es el Tribunal Supremo.
El Papa, como soberano absoluto del Estado Ciudad del Vaticano, puede eventualmente conceder la gracia a cualquier persona procesada; aunque una vez iniciado un proceso y debido a la distinción entre el derecho canónico, que rige a la Iglesia Católica, y el código penal, que rige al Estado de la Ciudad del Vaticano, el Santo Padre debe esperar hasta el final de un proceso para intervenir.
Los juicios son públicos, pero asiste un número limitado de personas, entre ellos, algunos periodistas. La grabación está estrictamente prohibida.
