El eminentísimo cardenal y arzobispo de Santiago, de Chile, Ricardo Ezzati, fue convocado por la fiscalía regional de O’Higgins, en calidad de imputado para responder sobre acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales perpetrados por el clero chileno.

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El rumor que se desató hace semanas fue confirmado mediante un comunicado por la oficina de la arquidiócesis de Santiago.

“Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia, y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos”, afirmó el arzobispo de Santiago, quien se prepara para la cita con el fiscal Emiliano Arias el próximo 21 de agosto.

¿Cuáles son los casos de los que se le acusa?

El primero es el caso de Óscar Múños Toledo, de 56 años, quien fue canciller de la arquidiócesis de Santiago de Chile; el cura confesó en enero de 2018 haber abusado de algunos menores de edad, apenas el 13 de julio fue arrestado por la policía con la acusación de haber violado por lo menos a siete menores de edad.

El segundo caso es el de la Familia, en la diócesis de Rancagua, una organización de sacerdotes y laicos que se ocupaba de actividades relacionadas con la homosexualidad y la pederastia de manera sistemática desde hace algunos años. El escándalo provocó que el arzobispo Alejandro Goic destituyera a 15 de los 68 sacerdotes de la diócesis. Entonces el fiscal Arias ordenó una investigación en las residencias de las arquidiócesis de Santiago y Rancagua, y con ella se pudo obtener una gran cantidad de documentación.

La noticia de la imputación del cardenal Ezzati llegó un día después de la publicación de un reporte de la Fiscalía Nacional chilena, fruto de diferentes investigaciones sobre casos que datan de los años 60 hasta la fecha.

Según el informe inédito de Luis Torres, director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, son 37 causas las que se encuentran abiertas a nivel nacional y 68 personas investigadas: 36 son clérigos (tres obispos, 31 sacerdotes y dos diáconos), 22 pertenecen a órdenes o congregaciones sin ser clérigos (hermanos, por ejemplo), ocho son laicos (profesores o líderes de algún grupo espiritual) y en dos casos aún no se logra determinar su vínculo con la institución.

Agrega Torres que los 37 casos vigentes involucran a 104 víctimas: 52 eran menores de edad al momento de los hechos, nueve eran adultos y el resto aún debe determinarse.

Apertura
Rocío Montés, del periódico El País, entrevista al valiente fiscal (24 de julio).

Este es un informe inédito. ¿Cuál es la importancia de darlo a conocer ahora?

—Desde la visita del Papa y del conocimiento de los abusos de la Iglesia por parte de los clérigos existe un clima social que facilita la apertura. La fiscalía no puede estar ajena a lo que el Papa (Francisco) en su carta al pueblo de Chile menciona como una cultura del encubrimiento del abuso sexual y del abuso de conciencia. Tenemos la obligación de empatizar con las víctimas y facilitarles la denuncia.

¿La Fiscalía cree que existía una cultura del abuso?

—Lo que se puede advertir, por el número de casos que estamos conociendo, es que el hecho de que no se hayan deliberado las responsabilidades penales, que hayan quedado en impunidad, permiten su repetición.

¿Está la fiscalía chilena en una cruzada para destapar casos?

—La fiscalía tiene el compromiso de cumplir con su misión institucional: fortalecer las investigaciones y facilitar el acceso a la justicia de las víctimas. No siempre hemos tenido acceso a la información ni el conocimiento oportuno de los hechos, un asunto que ahora está cambiando.

¿Qué datos le llaman mayormente la atención del informe?

—Que en prácticamente todas las regiones de Chile hay casos. Otro hallazgo interesante es la alta cifra de víctimas involucradas, 266, de las cuales dos tercios son niños, niñas y adolescentes. Esa cifra no nos resulta indiferente. Del total de casos que se cerraron, la mayor parte fueron terminados por archivo provisional o por no perseverar. Esto obedece a la falta de información, que reflejan las dificultades de la fiscalía en años anteriores para poder conocer este tipo de casos.

La fiscalía investiga actualmente 37 causas. ¿Cuántos sacerdotes son directamente los involucrados? ¿Se conoce el número de víctimas?

—Son 68 personas investigadas. De ellos, 36 son clérigos (tres obispos, 31 sacerdotes y dos diáconos), 22 pertenecen a órdenes o congregaciones sin ser clérigos (hermanos, por ejemplo) y ocho son laicos (profesores o líder de algún grupo espiritual). En dos casos, en tanto, aún no se logra determinar. Los 37 casos vigentes involucran a 104 víctimas: 52 eran menores de edad al momento de los hechos, nueve adultos y el resto aún debe determinarse.

¿Existe algún patrón común en todas esas causas judiciales?

-La relación de las víctimas con sus victimarios: existía una relación de confianza en el contexto de la fe y de la fidelidad con la Iglesia que propició los abusos.

¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los fiscales al investigar este tipo de hechos?

—El paso del tiempo siempre es un problema y, en segundo lugar, el acceso a la información. Como la Iglesia tiene una estructura hermética y tiene sus propias normas no facilita. No sucede lo mismo que cuando pedimos la información a cualquier institución del Estado, que en horas nos las entregan.

¿La Iglesia no denuncia a la justicia cuando tiene conocimiento de abusos sexuales?

—En el ámbito educacional, por ejemplo, no están exentos de denunciar. Fuera de esos escenarios, sin embargo, no están obligados. A nuestro modo de ver, sin embargo, sería una buena práctica que la Iglesia cada vez que tuviera noticias de abusos y hechos constitutivos de delitos lo informara a la justicia civil.

La fiscalía pedirá oficialmente al Vaticano el informe elaborado por los enviados especiales a Chile del Papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu.

-Una de las fiscalías regionales estimó que la información puede ser relevante para su investigación penal y lo vamos a incorporar en el requerimiento que el fiscal nacional enviará en estos días al Vaticano. En la lógica de la manifestación de colaborar en esclarecer estos hechos y en avanzar en la justicia de estos casos sería pertinente que el Vaticano entregue esta información.

Reacciones

El activista Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, escribió en su cuenta de Twitter:

Cuando dice Errázuriz y cia., se refiere a Francisco Javier Errázuriz, exlíder de la Iglesia chilena entre 1998 y 2011.

En otro tuit señaló;

Y en otro mensaje agregó:

Seguramente este caso se está viendo en todo el mundo. Hay muchas partes donde hay prelados encubridores, el Papa Francisco ha dicho cero tolerancia.

El caso chileno

Gracias al trabajo realizado por el fiscal Charles Scicluna y Jordi Bertomeu ordenado por el Papa Francisco hemos podido conocer estos casos vergonzosos para la Iglesia Católica .

No basta sólo pedir perdón y hacer de contrición sino de pagar la reparación de los daños.

Todo cambió después de la visita del papa a Chile y, sobre todo, por el ruido que hicieron las víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima.
Son muchos los prelados que se tendrán que ir. En varias partes del mundo están siguiendo de cerca el caso de Chile. Hay muchos sacerdotes pederastas y muchos obispos son encubridores.

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