El 22 de noviembre un tribunal de Francia condenó al sacerdote Pierre de Castelet a dos años de prisión por abuso sexual de menores, y al mismo tiempo, dictó una sentencia suspendida contra su ex obispo André Fort de haber encubierto los abusos perpetrados.

Pierre de Castelet.

Todo empezó en 2008 cuando una de sus víctimas, Olivier Savignac, envió un correo a la sede de la diócesis de Orleans, en el que denunciaba la agresión que sufrió en 1993 en un campamento del Movimiento Eucarístico de Jóvenes en el suroeste de Francia en el que Castelet oficiaba como capellán.

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No hubo respuesta, por lo que pidió una cita con el obispo y le precisó que una decena de jóvenes fueron víctimas del capellán.

Entonces monseñor Fort le aseguró a la víctima que el sacerdote abusador se le impediría el contacto con los menores, pero no remitió la queja a las autoridades civiles, con la clásica “la ropa sucia se lava en casa”.

¡Error!

André Fort.

Dos años después, en 2010 Fort se retiró como obispo de Orléans por motivos de edad, empero un año después la víctima informó a su sucesor, el obispo Jacques Blaquart, quien de inmediato dio aviso a la policía local, y el fiscal Nicolás Bessone llevó el caso a tribunales.

¿Qué hizo el cura?

Abusó sexualmente de una decena de jóvenes durante un campamento de verano del Movimiento Eucarístico juvenil que dirigía; el manoseó se dio bajo el pretexto de “exámenes médicos”.

Y durante el proceso, el pasado 30 de octubre, el fiscal Bessone pidió que el obispo fuera condenado a un año de cárcel con un mandato de arresto, además de un veredicto que representara un duro golpe para la Iglesia de Francia, sacudida por casos de abusos clericales.

En contra del padre Castelet -hoy de 69 años- en cambio pidió 30 meses de cárcel y seis de suspensión como sacerdote, además de tres años en rehabilitación.

También se le exigió que se registre en una lista nacional de delincuentes sexuales y reciba tratamiento psiquiátrico.

Durante el proceso, monseñor Fort no se presentó a la audiencia y envió a su abogado para que mostrara un certificado médico con el objetivo de justificar su ausencia.

Olivier Savignac

Las víctimas, satisfechas

Olivier Savignac, una de las tres víctimas que emprendió el proceso, se declaró satisfecho por el resultado del juicio. Dijo: “Hemos sido escuchados. Estoy contento por mi país”.

Agregó que la sentencia demuestra que a partir de ahora las víctimas serán escuchadas. Todos tenemos la obligación legal de denunciar hechos semejantes.

Olivier y dos víctimas más recibieron como reparación del daño alrededor de 16 mil euros por daños y perjuicios.

El golpe fue para la Iglesia católica de Francia.

Durante el transcurso del juicio, el cura De Castelet admitió “una atracción emocional por los niños de 11 a 13 años de edad”, pero dijo que “no se dio cuenta del daño que podía causarles”.

Señaló a los investigadores que estaba “solo contra el mundo” al lidiar con su atracción por los niños pequeños y se quejó de la falta de apoyo de las autoridades de la Iglesia.

En tanto, el obispo Fort indicó que no sabía de su obligación legal de dar aviso a las autoridades civiles, pensó que la víctima sólo quería estar seguro de que De Castelet se mantendría alejado de futuros contactos con menores.

¡Error!

Es obligación dar aviso a las autoridades.

Hasta antes de la llegada del Papa Francisco los abusos sexuales contra menores eran sólo una violación de la disciplina eclesiástica. Pero hace tres años –el 10 de junio de 2015- el Papa jesuita autorizó la creación de un nuevo tribunal contra los abusos sexuales, que trabajará en la Congregación de la Doctrina de la Fe, y que se encargará de las denuncias contra obispos que se sospeche hayan encubierto casos de abusos.

El caso de la diócesis de Lyon

Hace una semanas, un tribunal francés en Lyon intentó obtener el testimonio del cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un caso en curso contra el cardenal Philippe Barbarin y otros seis funcionarios de la arquidiócesis de Lyon, que son procesados por supuestamente no informar a la policía las acusaciones de abuso por parte de un sacerdote.

En ese caso, la Santa Sede apeló a la inmunidad diplomática del prelado español para evitar su comparecencia, tal y como se desprende de la notificación enviada el pasado 17 de septiembre por la Secretaría de Estado vaticana al Ministerio de Exteriores francés.

¿Por qué?

En 2015, el Cardenal Babarin consultó a monseñor Ladaria qué debía hacer ante las denuncias de actos de pederastia cometidos a principios de la década de 1990 por el cura Bernard Preynat, sujeto a proceso penal y retirado del cargo ese año.

Las víctimas, ahora en sus 30 y 40 años, afirmaron que el cura Preynat abusó sexualmente de ellos cuando eran boy scouts de entre 7 y 12 años en la región de Lyon entre 1986 y 1991.

Entonces, el cardenal español Ladaria pidió “evitar todo escándalo público” a la hora de tratar esos casos.

“Es crucial que (Ladaria) explique por qué ordenó al arzobispo que ocultara los casos”, resaltó el presidente de “La parole liberée”, François Davaux.

Pero la Santa Sede considera que el cardenal español actuó dentro de sus “funciones soberanas” y, por tanto, está protegido por la “inmunidad penal”.

“La Santa Sede recuerda el principio de inmunidad funcional que el derecho internacional reconoce a los agentes públicos por actos cometidos en nombre de un organismo soberano”, explicó la secretaría de Estado vaticana en su respuesta al Ministerio de Exteriores galo.

Empero, el caso está vigente, el tribunal de Lyon fijó para el 7 y 9 de enero de 2019 el juicio penal.

Barbarin y demás están acusados de dejar al sacerdote en contacto con niños, sabiendo que tenía antecedentes de agresión sexual.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta tres años de prisión y una multa de 45 mil euros. La pena se incrementará a hasta cinco años de prisión y una multa de 75 mil euros por no ayudar a una persona en peligro.

Así las cosas, en tanto todas las conferencias episcopales de todo el mundo se preparan para la cumbre que se celebrará en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, denominada “La protección de los menores en la Iglesia”.

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