Conferencia del Episcopado Mexicano
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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió a los Legionarios de Cristo que en su informe sobre el caso del sacerdote Fernando Martínez Suárez, que abusó sexualmente de niñas en el Instituto Cumbres de Cancún en la década de los 90, “no hemos encontrado un acto concreto de justicia y reparación para las víctimas, ni quién actualmente, por parte de la Congregación, asuma la responsabilidad de transparentar a los responsables del encubrimiento”.

Además, instó a las víctimas a solicitar reparación del daño y que las autoridades civiles investiguen si hay responsables de encubrimiento.

A los Legionarios les pidió trasladar a México al religioso para estar disponible para las autoridades competentes, ya que actualmente vive en Roma en una casa de la legión.

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En un comunicado firmado por el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, indica que han “ofrecido a las víctimas el apoyo y la orientación para que procedan de la manera más apropiada y pedimos a las autoridades de procuración e impartición de justicia que investiguen y deslinden las responsabilidades correspondientes por acción y omisión”.

Al respecto, los Legionarios de Cristo informaron a Contextos de La Palabra que “hemos recibido el comunicado del secretario de la CEM, publicado en México a las 3 pm (10 pm tiempo de Roma). Lo estamos analizando. Agradecemos las recomendaciones que nos hacen los pastores de la Iglesia y reiteramos nuestro compromiso de actuar en todo momento según las líneas guías marcadas por la Santa Sede y las conferencias episcopales y de acuerdo a las legislaciones civiles de los países en donde nos encontramos.

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“Reiteramos también nuestro deseo de caminar con las víctimas de Fernando Martínez Suárez hacia la sanación y la reconciliación”.

Miranda Guardiola, también coordinador general del Consejo Nacional de Protección de Menores de la CEM, expuso que los obispos se encuentran comprometidos con “la protección de la infancia y la adolescencia en nuestras iglesias en México”.

Por eso señalaron “algunos aspectos” del informe de la congregación de los Legionarios de Cristo presentado públicamente el 22 de noviembre de 2019 con relación a los casos de violencia sexual cometidos por el religioso Fernando Martínez y por el testimonio de dos víctimas, además de Ana Lucía Salazar que se difundieron el 26 de noviembre pasado:

La CEM reconoció “la valentía y búsqueda de justicia por parte de las víctimas de. Fernando Martínez y la labor de las asociaciones que las acompañan en esta búsqueda. Le pedimos a Dios que los ilumine y nos reiteramos a su servicio.

“En el citado informe no hemos encontrado un acto concreto de justicia y reparación para las víctimas, ni quién actualmente, por parte de la Congregación, asuma la responsabilidad de transparentar a los responsables del encubrimiento”.

El Episcopado subrayó que en “el ámbito canónico se ha realizado la investigación previa que antecede a un proceso penal canónico, estando a la espera de las determinaciones que tomará la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Por lo que respecta al “ámbito jurídico civil, habida cuenta que la Congregación religiosa informó que ya fue presentada la denuncia de hechos ante la autoridad competente, hemos ofrecido a las víctimas el apoyo y la orientación para que procedan de la manera más apropiada y pedimos a las autoridades de procuración e impartición de justicia que investiguen y deslinden las responsabilidades correspondientes por acción y omisión”.

La CEM “ha instado a las víctimas no sólo a presentar denuncias penales, sino también a exigir la reparación del daño por las acciones u omisiones por parte de los directivos de la Congregación de los Legionarios de Cristo”.

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También exhortó al padre Eduardo Robles Gil, director general de los Legionarios de Cristo, que solicite al Papa Francisco pro bono Ecclesiae, la dimisión del estado clerical del padre Fernando Martínez, “manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia en México, a fin de estar a disposición de las autoridades competentes”.

En el comunicado la CEM reiteró su “compromiso de que en éste -y en todos los casos de abuso sexual de menores en el seno de la Iglesia se dé atención prioritaria a las víctimas, se denuncie penalmente a los agresores, se repare el daño causado, los responsables enfrenten los procesos legales ante las autoridades civiles y canónicas y éstas actúen de modo expedito y responsable.

Sólo así se logrará lo que clama el Salmo 84: “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron”.

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