La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que en casos de pederastia clerical se colaborará con las autoridades civiles no sólo para determinar la responsabilidad del imputado, sino también de quienes colaboraron para la comisión del delito o lo encubrieron.

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Al informar los esfuerzos de la CEM por enfrentar el problema del abuso sexual de menores por parte de clérigos, reconoció que “a pesar de estos esfuerzos, no hemos erradicado este mal en el presente”.

Recordaron que el 9 de mayo el Papa Francisco presentó la carta apostólica en forma motu proprio “Vosotros sois la luz del mundo”, en el que establece nuevas normas procedimentales relacionadas con la denuncia de delitos cometidos por clérigos en materia de violencia sexual, abuso sexual de menores, pornografía infantil y encubrimiento.

Así como la responsabilidad de los obispos y los superiores religiosos para cumplir diligentemente con la ley canónica y civil cuando se presente algún caso. También resalta la obligación para todas las diócesis de establecer sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes sobre posibles casos de esta naturaleza, tomando en cuenta las disposiciones adoptadas por la Conferencia Episcopal.

En un comunicado firmado por el arzobispo Rogelio Cabrera López y el secretario general Alfonso Miranda expresaron su cercanía y apoyo incondicional a las víctimas para escucharlas y encauzar su situación a la autoridad civil y eclesiástica correspondiente.
Ante este tipo de casos, la CEM destacó que se dará respuesta efectiva y transparente, a través de las siguientes medidas:

La responsabilidad institucional de la Iglesia en México ante un caso de delito sexual por parte de un clérigo implica observar no sólo lo previsto por el derecho canónico, sino también cumplir con la legislación penal mexicana.

Sin perjuicio del procedimiento penal canónico que deba iniciarse con motivo de una noticia verosímil deberá informarse a las autoridades mexicanas, ofrecerse a colaborar en la investigación y aportar los elementos de prueba que le sean requeridos por la autoridad en términos de ley para determinar la responsabilidad del imputado, así como de quien hubiese colaborado para la comisión del delito o lo hubiese encubierto.

Informar a las autoridades civiles es indispensable, ya que si la atención de los asuntos queda circunscrita únicamente al ámbito canónico y se omite el involucramiento de las autoridades civiles se corre el grave riesgo de distorsionar un principio elemental de justicia.

En la Iglesia es positivo que se conduzcan investigaciones internas o externas y se abran canales de escucha para testigos u otras víctimas, pero hace falta también informar a la autoridad civil y colaborar en la investigación para que quien resulte responsable de la comisión de un delito sea sancionado conforme a la ley.

La CEM enfatizó que “si no asumimos como Iglesia el compromiso de aplicar este principio, estaremos contribuyendo a la creación de fueros especiales de facto, y fomentando la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse”.

El Episcopado exhortó a respetar la legislación del Estado, por eso los clérigos diocesanos o religiosos, miembros de un instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica si tienen noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los delitos, tiene la obligación de informar sin demora al obispo del lugar donde habrían ocurrido los hechos o al superior mayor si se trata de un instituto clerical de derecho pontificio.