Los obispos mexicanos recordaron al gobierno federal que el artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho universal a la protección de la salud, por ello no es legal, legítimo ni moral el abandono de pacientes. Y puntualizaron que toda vida humana es valiosa y ninguna debe ser sacrificada por acción o descuido.

Al reconocer que en México será preciso realizar procesos de selección de pacientes con la finalidad de asignar distintos tipos de atención, advirtieron que éstos se deben llevar a cabo tomando en cuenta de manera simultánea la urgencia del caso, el tipo de necesidad a atender y que los recursos asignados sean lo más beneficiosos posibles para el paciente.

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Por ello llamaron a las autoridades de salud a “evitar toda acción que de manera explícita o encubierta pudiera ser de tipo eutanásico o conllevar ensañamiento terapéutico”.

En el documento “Decir sí a la vida de todos. Algunas consideraciones bioéticas esenciales ante la pandemia de Covid-19”, elaborado por el obispo José Jesús Herrera Quiñónez, de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, responsable de la Dimensión de Vida de la CEM, se destaca que en una sociedad plural como la nuestra, que requiere reconocer igual dignidad de todas las personas se necesitan evitar acciones discriminatorias e inhumanas.

En ese texto, firmado por el arzobispo Rogelio Cabrera y Alfonso Miranda, presidente y secretario general del Episcopado, respectivamente, los obispos dieron a conocer las consideraciones bioéticas que es preciso custodiar en estos momentos de desconcierto a causa de la pandemia del Covid-19:

Es preciso realizar pruebas de detección, no sólo en pacientes sintomáticos, sino también de manera constante en algunas personas que, sin presentar síntomas, puedan eventualmente portar el virus. El “omitir realizar el diagnóstico más profundo posible sobre la expansión de la epidemia no sólo es un error estratégico sino de orden moral…”

El personal sanitario tiene el pleno derecho de contar con la protección requerida para realizar su riesgoso trabajo en las condiciones más seguras posibles.

Porque el “exigir al personal sanitario atender a personas contagiadas o con posible contagio sin dotarlas de todo el material necesario para su protección no es éticamente justificable. A nadie se le puede obligar a arriesgar su salud y eventualmente la vida sin la prudente protección”, indicaron.

En el comunicado recordaron que la Academia Pontificia por la Vida indica que “las condiciones de emergencia en las que se encuentran muchos países pueden llegar a obligar a los médicos a tomar decisiones dramáticas y lacerantes para racionar los recursos limitados, que no están disponibles para todos al mismo tiempo”, por eso es necesario hacer todo lo posible para evitar el racionamiento de los recursos biomédicos.

La edad, puntualizaron, no puede ser considerada como el único y automático criterio de elección, ya que si fuera así se podría caer en un comportamiento discriminatorio hacia los ancianos y los más frágiles.

Es necesario formular criterios que sean, en la medida de lo posible, compartidos y argumentados, para evitar la arbitrariedad o la improvisación en situaciones de emergencia.

Para los obispos, las comisiones y comités de bioética, así como los organismos responsables de la emisión de guías orientativas, deben estar siempre integrados de manera realmente plural, con personal adecuadamente calificado, que responda a la dignidad inalienable de la persona humana y que jamás coloque criterios superiores a este valor para la toma de decisiones biomédicas, para la selección del tipo de atención médica requerida, para privilegiar a un cierto tipo de seres humanos sobre otros.