Partidos políticos, obligados a garantizar que sus candidatos respondan a los intereses ciudadanos: Centro Católico Multimedial

Los partidos políticos deben garantizar que, de ganar las elecciones, los candidatos que postulan se coloquen del lado de los ciudadanos y no de sus propios intereses, es su responsabilidad, advirtió el Centro Católico Multimedial (CCM).

En su editorial Candidatos al lado de las instituciones, el CCM también consideró que la autoridad electoral no puede fungir como ministerio público y subrayó que el proceso electoral debería tener los más altos estándares en la selección de los aspirantes a cargos públicos, dada la convulsión social que general la actual crisis de inseguridad.

El electorado, lamentó, no puede determinar la probidad moral de los candidatos. “Lo anterior no es menor cuando en el sexenio que languidece hubo lamentables colusiones que, ya en el poder, desataron los capítulos más negros de la historia reciente, como aquella pareja imperial de Iguala sobre la que recaen los principales señalamientos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.

No es poco común, se agrega en el documento, que “en su ansia de poder, se han valido del fraude a la ley para presentarse al electorado como impecables. En Chiapas, apuntaron contra candidatos —reciclados en partidos— sobre los que pesan delitos de privación ilegal de la libertad, robo agravado, asociación delictuosa, tortura o secuestro; en Hidalgo, otros fueron exhibidos por la comisión de fraude o peculado, mientras que en Jalisco se dio una lucha judicial con el fin de destruir los antecedentes penales de un candidato acusado del delito de portación de arma prohibida. En el Estado de México se apuntó hacia aspirantes que tendrían relaciones familiares o de negocios con presuntos líderes del crimen”.

El CCM citó como lo más preocupante la aprehensión de aspirantes señalados por delitos graves durante el proceso electoral: En Morelos, un candidato a la alcaldía de Amacuzac fue detenido por secuestro y delincuencia organizada; en Tamaulipas, otro fue llevado ante las autoridades acusado de tener vínculos con el crimen organizado; en Yucatán, un aspirante fue remitido por la portación de arma prohibida y por estar en posesión de grandes cantidades de dinero en efectivo.