Tomada de Twitter.

La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que 101 sacerdotes, de 64 diócesis, son procesados por autoridades ministeriales por abuso sexual a menores.

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En los últimos nueve años han sido retirados del ministerio sacerdotal 157 clérigos, según información proporcionada por la nunciatura apostólica.

Sin embargo, la CEM no aclaró si son dos listas de sacerdotes diferentes, porque no han realizado el cruce de la información y aseguraron que desconocen los nombres de los involucrados.

El arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la CEM, señaló no contar con la información de si esos 157 procesos canónicos llevaron su contraparte civil.

“Hasta ahora no se tiene la información, la mayor parte de los asuntos ya está notificado a cada ministerio público. Hay que precisar que el número no es la última cifra, tenemos que revisar hasta dónde llega la realidad que los obispos entreguen la información a los abogados para saber si se cumplió el debido proceso civil, ojalá y que no sea una plaga”.

Sobre el lugar en dónde se encuentran los sacerdotes que fueron retirados de su ministerio, Cabrera López destacó que “la autoridad civil es la que le dice al probable culpable qué medidas tendrá para su reinserción en las actividades públicas. Nosotros como Iglesia en el momento que se les da la dimisión del orden ya no quedan bajo nuestro cuidado. Se llama laicizar, es decir, ya no quedan bajo la institución”.

Agregó: “La autoridad es la que dice qué persona es riesgosa que tenga una actividad con menores. Ya no nos toca a nosotros en el momento que son declarados fuera del ministerio. Ya no quedan bajo nuestra responsabilidad. La asume el Estado”.

El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, obispo auxiliar, insistió en que el Episcopado actúa bajo el marco de la ley, “lo que la ley nos exija lo mismo sucede con los criminales impone una pena hay proceso de rehabilitación, es el Estado el competente”.

En conferencia de prensa, Rogelio Cabrera y Alfonso Miranda dieron a conocer las Líneas de Acción para la Protección de Menores que se implementarán en la Iglesia mexicana.

El plan de trabajo  tiene cinco objetivos concretos: diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a víctimas y promover el respeto por la ley.

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